Acuerdos entre gobierno y FARC establecen acceso en igualdad de condiciones a los beneficios de la paz a mujeres y personas LGTBI.
Por Sandra López*
El Acuerdo de Paz firmado el 24 de agosto en La Habana entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aparte de convertirse en la esperanza de finalizar una guerra de más de medio siglo, se convirtió en el único en la historia en incluir un enfoque de género en sus textos, que permite que mujeres y personas con identidad sexual diversa puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado.
Decenas de víctimas, organizaciones de mujeres y de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), expertas colombianas e internacionales en violencia sexual, así como guerrilleras de las FARC y exguerrilleras de otras partes del mundo, fueron de ayuda fundamental para que la Subcomisión de Género de la Mesa de Negociaciones dejara establecido que la visión en materia de género, va más allá de un cambio en el lenguaje que debe ser incluyente y no sexista.
“En los Acuerdos que se han logrado aparecen claramente tres elementos claves: el tema de la diversidad, el tema de la discriminación en razón de la orientación sexual y el tema de relaciones de poder entre hombres y mujeres”, dice a Noticias Aliadas Rosa Emilia Salamanca, secretaria técnica del Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad. “Estos elementos son transversales en los cinco puntos del Acuerdo (Reforma Rural Integral, Participación Política, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Reparación a las Víctimas y Fin del Conflicto)”.
En lo que concierne al campo, se tomó en cuenta que las mujeres no están en igualdad de condiciones que los hombres, por lo que tendrán acceso especial al fondo de tierras, al subsidio y al crédito especial para la compra de tierras. También tendrán acceso a proyectos de economía solidaria promoviendo la autonomía económica y la capacidad organizativa. Esto evitará que se repita lo que le sucedió a Fátima Muriel, presidenta de la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida en el Putumayo, quien cuando la subcomisión de género en la mesa de conversaciones de La Habana publicó sus resultados el 24 de julio dijo al informativo colombiano VerdadAbierta.com: “Acá la mayoría de la tierra está a nombre de los esposos. Cuando los asesinaron, las mujeres se quedaron sin título y sin acceso a crédito, ni pueden acceder a ningún proyecto productivo”.
Ejercicio de derechos
En el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, incluido en el Acuerdo, se incorporará a las mujeres como sujetos activos de los procesos de concertación en la sustitución voluntaria de sus cultivos ilícitos y se fortalecerá su participación con apoyo técnico, financiero y humano. En relación con el consumo de drogas ilícitas se tendrá en cuenta, para su apoyo, la relación entre el consumo y la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.
En temas de educación se prevé el acceso a becas y progresivamente a cupos técnicos, tecnológicos y universitarios.
Asimismo, se pactaron medidas para facilitar el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres en el tema de garantías para la oposición, para facilitar el acceso e interlocución con las autoridades, así como asistencia legal y técnica para la creación, promoción y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales de mujeres, jóvenes y población LGTBI. Se establece igualmente la protección para las mujeres elegidas popularmente y para las defensoras de derechos humanos y lideresas sociales.
La guerrillera Judith Simanca, conocida como Victoria Sandino, ha asegurado en una videoconferencia transmitida desde La Habana, que la participación política de las excombatientes es uno de sus grandes retos. “No queremos volver a los roles tradicionales, no vamos a dejar el fusil por la cacerola. Queremos estudiar, abordar muchos temas que van a ser un aporte a nuestro futuro movimiento político”.
Dentro de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz —componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que deberá investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado— se contará con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Quedó claro en el Acuerdo que los delitos como el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, así como la sustracción de menores de edad, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños y niñas, no podrán ser amnistiados.
Según cálculos de organizaciones no gubernamentales, la guerra ha dejado más de 8 millones de víctimas, de las cuales el 60% son mujeres.
“Habrían unas 63,000 víctimas de agresión sexual. No se puede asegurar una cifra exacta porque aún existe mucho silencio, vergüenza y miedo a denunciar”, explica Salamanca.
Violencia sexual
El informe “¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, publicado en el 2013 por el gubernamental Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), da cuenta de 1,754 casos de mujeres víctimas de violencia sexual entre 1985 y 2012 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), que si bien no representan el universo total de víctimas, como el documento reconoce, ayuda a conocer la magnitud de la barbarie. De ese total, el RUV reporta presunta autoría en 748 casos, entre estos 370 cometidos por la guerrilla, 344 por paramilitares, ocho por miembros de la Fuerza Pública y 19 por otros autores.
Otro informe del CNMH publicado en el 2015, “Aniquilar la Diferencia”, toma cifras oficiales del RUV a julio del 2015, y señala que 1,795 personas pertenecientes a la comunidad LGTBI han sido víctimas de amenazas, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados en el marco del conflicto armado, que forma parte del círculo de violencia estructural que se ejerce sobre este sector en un intento de borrar su identidad sexual.
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, como se llama oficialmente, deberá aún ser refrendado en un referendo el próximo 2 de octubre. Casi 35 millones de colombianos están habilitados a responder a la pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?, la que será quizá la votación más decisiva de las últimas décadas en Colombia. El SI debe obtener un mínimo de 4.5 millones de votos para que se dé por aprobado lo pactado en La Habana.
Al iniciar su campaña por el SI, la organización LGBTI Colombia Diversa expresó su esperanza de que “bajo ningún mecanismo la construcción de una Colombia en paz puede implicar el retroceso en la garantía de los derechos que han sido reconocidos a gays, lesbianas, bisexuales y trans. Colombia Diversa está convencida de que la paz incluye la posibilidad de desarrollar una vida en condiciones dignas en la que prevalezca el respeto por la singularidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social”.
Mirando hacia más adelante, Salamanca considera que “los acuerdos van a tener todas las dificultades para implementarse. Este es un desafío. Estamos haciendo campaña por el SI en el plebiscito. Luego que los colombianos refrendemos estos acuerdos, vamos a realizar la Segunda Cumbre de Mujeres y Paz, vamos a establecer la manera a través de la cual vamos a ejercer acción y presión para que los acuerdos realmente se cumplan”.
*Sandra López de Noticias Aliadas.
