En riesgo la prevención del VIH

Pleito con la sociedad civil, también le pega a la lucha contra el VIH

La colaboración entre el gobierno y sociedad civil frente al VIH se detuvo por la decisión del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, de no transferir recursos públicos a las organizaciones a fin de “terminar con la intermediación, opacidad y corrupción”. Este año en el presupuesto de egresos de la federación se etiquetaron 116 millones 525 mil 102 pesos para dicha tarea.

El subsidio que repartía Censida desde 2006 por medio de una convocatoria, lo empleaban las organizaciones en la compra de pruebas de VIH y condones para prevenir la transmisión, así como en talleres para que las personas con VIH se adhieran al tratamiento. Resultaba de suma importancia, pues llegaban a sectores en los que las autoridades gubernamentales no tienen incidencia.

Hoy nada para los más vulnerables.

CIMAC se dio a la tarea de investigar la repercusión de esta medida, porque en México, cada día 41 personas adquieren el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH); hasta 2017 unas 48.6 mil mujeres adultas vivían con el virus, pero los esfuerzos de prevención y detección podrían venirse abajo por la medida de Andrés Manuel López Obrador de no otorgar más recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil.

Durante más de una década, el Centro Nacional para la Prevención del VIH y el Sida (Censida) entregó recursos federales a las organizaciones civiles para unir esfuerzos en la prevención, detección y atención de las personas con VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). La meta para 2020 es que se diagnostique al 90 por ciento de las personas que viven con el virus.

De acuerdo con Censida, hasta el año pasado 65 por ciento de las personas que se estima viven con VIH, conocía de su estado serológico, los esfuerzos por detectarlo han permitido que el diagnóstico tardío disminuya al 36 por ciento en mujeres y en hombres.

Según Censida los más de 115 millones de pesos que repartieron en 2017 a las organización civiles se destinaron a programas para la detección del VIH, sífilis y otras ITS; intervención integral de detección focalizada; programas para el ministro de insumos de prevención; reducción de daños en personas usuarias de drogas; prevención de la transmisión vertical del VIH y sífilis congénita y para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH.

Si el gobierno interrumpe las intervenciones que realiza la sociedad civil para la detección, prevención y control del VIH, lo que está en juego es la salud y vida de las personas.

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