Escuelas notificarán a la autoridad si hay resistencia de padres o tutores a vacunar
El pleno del Senado metió freno al movimiento antivacunas en México, que ha provocado el crecimiento de casos de sarampión.
Propuesta por el morenista Ricardo Monreal, la reforma establece como un derecho de vida de la niñez mexicana la salud y facultar a los centros educativos a pedir la intervención de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, en caso de persistir la negativa de los padres a vacunarlos.
Desde la tribuna, Ricardo Monreal informó que es necesario poner un alto a quienes ponen en riesgo la vida de sus hijos, pero también atentan contra la salud pública del país.
La reforma se aprobó con el voto de 103 legisladores.
“En caso de una negativa reiterada e injustificada para la aplicación de las vacunas en las y los alumnos, la autoridad escolar podrá solicitar la intervención de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes para mediar en el caso”, dice la reforma que busca detener la tendencia al alza de enfermedades que ya estaban erradicadas en México.
El Senado modificó diversos artículos de la Ley General de Salud, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Educación, para establezcer la obligación de aplicar a los menores de edad las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezcan.
Además, se atiende al reconocimiento del derecho de protección a la salud de niñas, niños y adolescentes en la materia y en apego al principio de interés superior de la niñez.
También, se involucra a las autoridades educativas y escolares al establecerse la obligación de promover, en coordinación con las autoridades sanitarias, la aplicación de las vacunas y demás acciones dirigidas a proteger la salud de las y los educandos.
Josefina Vázquez Mota presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, explicó que “las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda, o en términos generales sean responsables de personas menores de edad o incapaces, estarán obligadas a que éstas reciban las vacunas referidas.
“El incumplimiento deliberado, o sin que medie justificación médica certificada para contravenir esta obligación, dará lugar a que las procuradurías de protección hagan uso de las atribuciones que le confiere la ley en la materia y realizar acciones dirigidas a hacer efectiva la vacunación”, detalló la legisladora federal.
