El “Pin Parental” pone a las niñas, niños y adolescente en riesgo
En los últimos meses se han presentado diversas iniciativas de reforma a las leyes de educación en entidades federativas, que ponen en riesgo el interés superior de la niñez, el derecho a la educación, el derecho a la salud sexual y reproductiva, entre otros, de acuerdo con el colectivo “Artículo Tercero”.
Estas reformas que “son inconstitucionales e inconvencionales” –según diversas organizaciones de la sociedad civil–, proponen establecer el “pin parental” el cual se basa en la posibilidad de que a las niñas, niños y adolescentes se les quite el derecho a recibir conocimientos fundamentales para su desarrollo, que pueden derivar en convertirles en víctimas de abusos, en embarazos no deseados, en enfermedades de transmisión sexual, entre otras afectaciones a sus vidas.
Las entidades federativas que hasta ahora han presentado estas propuestas a su legislación local son: Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Ciudad de México.
Por lo anterior, organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas defensoras de derechos humanos formaron el colectivo “Artículo Tercero” para defender los principios, derechos y criterios que contempla este artículo en nuestra Constitución, tales como: garantizar el derecho a la educación con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en la participación en los servicios educativos, establecer en planes y programas de estudio una perspectiva de género y la orientación integral que incluye la educación sexual y reproductiva.
En el caso de Nuevo León la iniciativa fue desechada. En Aguascalientes la reforma se aprobó en mayo de este año contemplando el supuesto “derecho preferencial de los padres”, que permite que las madres y padres nieguen a sus hijas e hijos el acceso a la educación integral en sexualidad, entre otros temas fundamentales para su desarrollo.
Otro caso de propuestas contrarias a los derechos humanos es la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en Guanajuato para integrar la “perspectiva de familia” en los planes y programas de la administración pública estatal. Dicha “perspectiva” se enfoca en una idea de familia tradicional y, de aprobarse, dejaría la puerta abierta a la discriminación.
Para el colectivo, las propuestas anteriores representan un retroceso en materia del derecho a una educación integral en sexualidad, la vulneración del derecho de la niñez y la adolescencia a la autonomía progresiva, así como la posibilidad de perpetuar un contexto para el aumento de los casos de embarazos no deseados, abuso sexual, violencia, discriminación e Infecciones de Transmisión Sexual en niñas, niños y adolescentes.
“La educación integral en sexualidad se constituye en el respeto a los derechos humanos y a los valores de una sociedad plural y democrática en la que las familias y las comunidades se desarrollan plenamente. La evidencia científica internacional muestra que favorece la disminución de prácticas de riesgo, retrasa el inicio de la vida sexual, disminuye la violencia, la homofobia y fortalece las habilidades socioemocionales y la comunicación familiar”, considera el colectivo “Artículo Tercero”.
Entras las organizaciones que integran “Artículo Tercero” están la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y la Red de Democracia y Sexualidad.
En su pronunciamiento señalan que en un país con el primer lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en abuso sexual infantil y en embarazos en adolescentes, y en donde se cometen a diario feminicidios -también contra niñas y adolescentes-, “la omisión del Estado para garantizar una educación integral, laica y con perspectiva de derechos humanos es inadmisible”.
Por ello, a través de una rueda de prensa virtual indicaron que las y los legisladores en los congresos locales están obligados a legislar con base en los principios de progresividad y no regresión en materia de derechos humanos.
“En un Estado Democrático de Derecho cualquier intento de regresión contraria a la Constitución vulnera los principios que prometieron proteger”, por ello pidieron a las y los legisladores en los congresos locales:
1. Desechar las iniciativas del “pin parental” o “derecho preferencial de los padres” presentadas en sus entidades privilegiando los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
2. Legislar con base en lo que marca nuestra Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
“Es el artículo 3o constitucional donde se encuentra la definición de democracia en nuestra Constitución y para que esta sea un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo: todos los derechos para todas las niñas, niños y adolescentes en México”, concluyeron.
