Por Leticia Robles de la Rosa*
Desde que el PRI perdió por primera vez una gubernatura y con eso comenzó la era de la transición política a nivel de estados, 182 personas han gobernado las 32 entidades federativas del país, y aunque sin excepción alguna, concluyen sus administraciones en medio de polémicas, 66 de ellos lo han hecho rodeados de acusaciones tan graves que algunos están en la cárcel, otros enfrentan procesos en su contra y los demás han debido apostar a la muerte del escándalo mediático para reactivarse políticamente.
La semana pasada, el priista Armando Barajas Ruiz, integrante del Consejo Nacional del PRI, en su calidad de presidente de la organización Solidaridad AC, que es una de los agrupaciones adherentes del priismo, solicitó formalmente la expulsión de los actuales gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Quintana Roo, Roberto Borge y de Chihuahua, César Duarte, por evidentes actos de corrupción que lesionaron a los estados que gobernaron, pero también causaron daño a la imagen del PRI.
Pero el caso de los tres priistas que este año llevaron a su partido a la derrota en esos tres estados, dos de ellos bastiones históricos del priismo, como son los casos de Veracruz y Quintana Roo, es una muestra del fenómeno político que representan los gobernadores en México, que pasaron de ser los “empleados” del Presidente de la República emanado del priismo, a los virreyes estatales durante los gobiernos federales del PAN, dinámica que no han podido dejar atrás, ahora ante un gobierno federal priista, encabezado justamente por un ex mandatario estatal que vivió las mieles del poder político de los gobernadores en época panista: Enrique Peña Nieto.
El recuento histórico de los 178 hombres y sólo cuatro mujeres que han gobernado las 32 entidades federativas desde 1989, cuando el PRI perdió la primera gubernatura, deja ver que el fenómeno de la mala fama de los gobernadores no es ya exclusiva del PRI, sino que toca a todos los partidos que han tenido una labor de gobierno estatal: PRI, PAN, PRD y Partido Verde.
De los 66 gobernadores que han sido señalados de abusos de poder, nexos con el crimen organizado, enriquecimiento ilícito, impericia para gobernar y hasta cinismo para aceptar sus deficiencias, 34 llegaron al poder con las siglas del PRI; 16 fueron impulsados por el PAN, 15 por el PRD y uno por el Partido Verde.
Llama la atención el caso de Ángel Aguirre Rivero, que cuando fue gobernador interino por el PRI fue acusado de mandar a asesinar a perredista y cuando fue gobernador constitucional por parte del PRD, debió renunciar en medio de acusaciones de nexos con el crimen organizado, derivadas de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Hasta el momento, sólo seis han pisado la cárcel, como son los casos del panista Armando Reynoso Femat, que salió bajo fianza; el perredista Narciso Agúndez, que también salió bajo fianza; igual que el perredista Pablo Salazar; el priista Jesús Reyna sigue en la cárcel, igual que sus correligionarios Mario Villanueva y Andrés Granier. Marcelo de los Santos, quien gobernó con las siglas del PAN en San Luis Potosí, está inhabilitado por 20 años por fraudes y desvíos de dinero público.
Hay otro grupo que enfrenta acusaciones formales, como los priistas César Duarte, Humberto Moreira, Fausto Vallejo, Rodrigo Medina, Manuel Cavazos, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Javier Duarte; los perredistas Marcelo Ebrard y Ángel Aguirre, y el panista Guillermo Padrés.
El resto de los 66 ha sido señalado por diferentes irregularidades, pero que no han entrado al terreno judicial; Andrés Manuel López Obrador, por aumentar de manera acelerada la deuda de la capital del país; Miguel Ángel Mancera, por equivocaciones constantes en su forma de gobernar la Ciudad de México; Amalia García, por irregularidades administrativas y crecimiento del crimen organizado en Zacatecas.
Roberto Madrazo y Manuel Andrade, por pésimos gobiernos en Tabasco; Juan Sabines, por desvío de fondos destinados al Seguro Popular en Chiapas; Francisco Barrio por el crecimiento de la inseguridad en Chihuahua; Arturo Montiel por aumento de la corrupción en el Estado de México, lo mismo que a los panistas Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez en Guanajuato y Emilio González en Jalisco, entre muchos otros.
Actualmente, gobernadores como Manuel Velasco, único emanado del Partido Verde, enfrenta una severa crisis de gobernabilidad en Chiapas, mientras es acusado de gastos superfluos y de dedicarse más a la proyección personal de su imagen que a gobernar con eficacia su estado; y Gabino Cué, acusado de encabezar un gobierno torpe y dejar que su primer círculo se enriquezca, como su operador político, Jorge Castillo
Díaz, señalado de amasar al menos siete millones de pesos durante el gobierna de Cué.
Estos datos nos demuestras que los gobernadores, ya sea en el ejercicio actual del gobierno o como ex mandatarios, son parte sine qua non del arraigado proceso de corrupción que vive la clase política del país y que significan un reto mayúsculo para los partidos políticos.
Aunque las filias y las fobias personales pueden llevarnos a señalar sólo los defectos de gobierno de uno u otro partido, lo cierto es que todos emanan de la misma raíz política. Ningún partido puede mostrarse con la cara limpia frente a los ciudadanos en México. Todos tienen casos graves de corrupción en sus filas e, insisto, les representan.
La semana pasada México entró a una nueva era. Tiene ya un mecanismo para castigar, en teoría, la corrupción ejercida por los servidores públicos.
Pero la pregunta que me hice la semana pasada en este espacio vuelve nuevamente a la mente cuando veo el historial de los gobernadores. ¿Es la lucha contra la corrupción una decisión real o sólo una simulación más en este lastimado país?
* Leticia Robles de la Rosa: Es periodista y experta en los temas de Educación, Política, Elecciones y Congreso de la Unión. Actualmente cubre la información en el Senado de la República y es una reportera de Primera Plana.
