Por Leticia Robles de la Rosa*
Empezaron hace 11 años en tres estados y ahora están prácticamente en todo el país.
Emboscadas, ejecuciones de sus elementos, aumento exponencial de quejas en su contra por violaciones a los derechos humanos, señalados de “ejecuciones extrajudiciales” y ahora sometidos a las leyes de los civiles, los militares ya están fastidiados de ser los únicos que pierden en la lucha contra el crimen organizado.
Contrario a lo que el común denominar informativo establece, no fue Felipe Calderón quien habilitó a los militares como policías de seguridad pública.
Fue el sábado 11 de junio del año 2005 cuando en los estados de Tamaulipas, Sinaloa y Baja California comenzaron a entrar militares para realizar labores de civiles en materia de seguridad. La orden fue de su entonces comandante en jefe Vicente Fox Quezada, quien puso así en operación la estrategia México Seguro, que a pesar de los publicitados resultados exitosos, fue un fracaso y así lo muestra la historia.
¿Por qué el gobierno de Vicente Fox decidió sacar de sus cuarteles a los militares y llevarlos a la estrategia contra los narcotraficantes? Por la misma razón que lo hizo Felipe Calderón y por la misma que Enrique Peña Nieto los ha mantenido en esa posición: para sustituir a la policía corrupta, municipal, estatal y por momentos federal, coludida con los narcotraficantes, secuestradores, traficantes de personas, roba autos y vendedores de piratería.
En junio del 2005, el entonces vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar, fue claro en la razones del Operativo México Seguro.
“Es evidente que el narcotráfico ha penetrado las policías, en particular en los municipios. Hay evidencias suficientes para considerar que hay un debilitamiento de los cuerpos de las policías municipales que habrá de aprobar, que habrá que llevar a la justicia, si es el caso, a las autoridades a estas policías, a los elementos”, dijo hace 11 años seis meses.
Como se puede ver, ya pasaron 11 años desde que el gobierno federal, sin importar su color, iba a poner un hasta aquí a los policías corruptos y nada que lo haya logrado; por el contrario, aumentó esa corrupción al grado que en septiembre del 2013 todo un cuerpo policiaco municipal estaba al servicio del crimen organizado en Iguala, Guerrero, y desapareció a 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
La responsabilidad de las policías, sin embargo, no es del gobierno federal, sino de los gobernadores y presidentes municipales, pero a lo largo de 11 años, sin importar si son del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Panal, del Movimiento Ciudadano y hasta de Morena, ninguna autoridad ha podido superar la crisis de inseguridad que estalló desde el gobierno de Vicente Fox.
Una crisis que llegó a niveles verdaderamente alarmantes cuando en enero del 2007, vestido de militar, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra civil contra los narcotraficantes y con eso comenzaron a correr ríos de sangre en todo el país y el terreno mexicano se convirtió, en muchas regiones, en un panteón clandestino.
Bueno, pues los militares ya están cansados de que las autoridades civiles les hayan indilgado una responsabilidad que les es ajena y, sobre todo eso, no hagan nada por proteger a los soldados y marinos, porque a cada denuncia pública, con razón o sin ella, de violación a derechos humanos, los militares se quedan solos.
Cuando en 2013 fueron acusados de matar civiles inocentes en Tlatlaya, a pesar de la evidencia de que se trataba de delincuentes, y de que tanto organizaciones civiles y diversas autoridades dieron crédito a un testimonio, para acusarlos a ellos de asesinato, llevarlos a las cárceles civiles y juzgarlos como delincuentes, los militares llegaron a un punto de hartazgo.
Fue intensa la inconformidad interna en las Fuerzas Armadas. El general Salvador Cienfuegos debió hacer gala de política para contener las inconformidades, aunque debió aceptar algunas, como una inédita marcha de soldados en demanda de garantías para su trabajo.
Acusados históricamente de intervenir en labores de civiles, cuando no lo hicieron, como ocurrió en Ayotzinapa, fueron acusados de omisos. Es decir, que hagan o no hagan, tienen la culpa y los militares simplemente están cansados de eso.
Después de prolongarlo en dos ocasiones, desde el 29 de octubre del 2014 el Estado mexicano está en falta, porque no ha despedido a los policías que no cuentan con certificado como profesionales, alejados del crimen.
Esta semana veremos más expresiones militares. Están hastiados, pero son institucionales.
Vemos a ver si ese activismo militar vence la mezquindad política de nuestros legisladores, quienes desde hace 10 años han ignorado las constantes peticiones militares.
El fastidio está ahí. Vamos a ver qué hace Enrique peña Nieto, los gobernadores y los legisladores federales.
*Leticia Robles de la Rosa: Es periodista y experta en los temas de Educación, Política , Elecciones y Congreso de la Unión. Actualmente cubre la información en el Senado de la República y es una reportera de Primera Plana.
